SOLIDARIDAD CON LA PROFESORA INDIGENA MARITZA RAMIREZ TAMANI Y RECHAZO A LA PERSECUCION POLITICA

La profundización del modelo económico neoliberal que viene aplicando a pie juntillas el gobierno aprista y sus aliados del fujimorismo, de Unidad Nacional de Lourdes Flores y de Solidaridad Nacional de Castañeda Lossio, han traído como corolario las protestas populares.

Los lamentables sucesos de Bagua y la represión asesina del gobierno ha producido la respuesta de los pueblos organizados de la Amazonía, no obstante haber agotado el diálogo que el gobierno hizo oídos sordos. Sin embargo actuando con insanía reprimió a la población indígena ocasionando muertes en ambos bandos, hiriendo a la población civil, inclusive a niños

El repudio mundial a la represión indiscriminada hizo retroceder al gobierno en sus intentos de tercerizar (nuevo término usado para privatizar, según receta de los Bancos financieros controlados por los EE.UU.) los recursos naturales de la Amazonía, derogando la nefasta "Ley de la Selva" muy a pesar de los grupos de poder económico que ya se habían repartido en palacio las concesiones.

El presidente Alan García y el gobierno aprista no le pueden perdonar, fácilmente, a los líderes que encabezaron la defenza de la Selva, frustrándose los "faenones" que iban a celebrar algunos corruptos enquistados en el poder.

En tal sentido se ha desatado una persecución contra los dirigentes indígenas como el señor Pizango (asilado en Nicaragua), otros dirigentes -como Santiago Manuín- que se encuentran heridos en los hospitales de Chiclayo y a dirigentes del frente de defensa regional.

Nuestros hermanos de la selva nos han dado una lección sobre la defensa de los derechos de los peruanos, en tal sentido nos solidarizamos con los compañeros nativos perseguidos y en especial con la maestra Maritza Ramirez Tamani y, a su vez, expresamos nuestro rechazo y condena a la política de criminalización de las protestas populares que aplica este gobierno reaccionario contra los dirigentes sindicales y populares, así mismo convocamos a nuestro pueblo a persistir en las luchas en defensa y conquista de los derechos fundamentales de los oprimidos.

PROGRAMA DE FORMACIÓN DE MAESTRO BILINGÜES DE LA AMAZONÍA PERUANAFORMABIAP

PRONUNCIAMIENTO

CONTINÚA PERSECUCIÓN APRISTA CONTRA MOVIMIENTO INDÍGENA Y MAESTROS EIB

El FORMABIAP rechaza y condena la persecución contra nuestra compañera MARITZA RAMÍREZ TAMANI, hecho que es parte de la represión sistemática desatada por el gobierno aprista contra el movimiento indígena, sus dirigentes y maestros.

La profesora Maritza Ramírez Tamani, ha sido notificada por la 5ta. Fiscalía Provincial de Maynas a presentarse el 26 del presente mes, bajo la acusación de “Delito contra el Patrimonio, extorsión y por el apoyo al bloqueo del río(sic) Napo y Curaray”, acusación que evidencia la política de criminalización de las protestas populares y el carácter represivo del gobierno contra toda expresión distinta al modelo político y económico que promueve.

Maritza Ramírez Tamani, profesora plenamente afirmada en su identidad Kukama, ha desarrollado un papel activo como miembro del Comité de Lucha Indígena de Loreto durante los últimos meses. Las acciones de Maritza Ramírez, así como de miles de hermanos y hermanas indígenas y mestizos en todo el país, se realizaron en defensa del territorio y los derechos de los pueblos indígenas vulnerados por el actual gobierno, hecho reconocido por diversas instituciones y organismos nacionales e internacionales.

El papel como dirigente de nuestra compañera, está lejos de la acusación que el gobierno presenta, refiriéndose a ella como una vulgar delincuente por el “delito contra el patrimonio y extorsión”, imputación que rechazamos tajantemente y que exigimos inmediata rectificación. De otro lado, la acusación de haber apoyado el “bloqueo del río(sic) Napo y Curaray” es totalmente falsa.

La profesora Maritza en ningún momento ha ido por esa zona durante el tiempo del levantamiento indígena. Lo insustentable de estas imputaciones solo pueden explicarse en el marco de una política de persecución y hostigamiento a todas las voces que discrepan con el gobierno.

Las acusaciones contra la profesora Maritza Ramírez Tamani así como la reciente persecución al profesor quechua Roberto Martínez -ex Presidente ANAMEBI- está relacionada además con la lucha que desarrollan los maestros bilingües y el movimiento indígena contra los dispositivos dados por este gobierno, que impiden el ingreso a la formación magisterial en Educación Intercultural Bilingüe (EIB) de los jóvenes indígenas, poniendo en riesgo la EIB como un derecho de los niños y niñas indígenas a educarse en el marco de sus lenguas y culturas.

Con esta persecución, que se extiende a muchos dirigentes nacionales, regionales y de base de AIDESEP, el gobierno busca también acallar y desmovilizar al movimiento indígena para incumplir los compromisos de la Mesa de Diálogo y otros asumidos con el fin de dar solución a los justos reclamos de los pueblos indígenas. Manifestamos además nuestra solidaridad con los dirigentes indígenas y las demás víctimas de esta persecución perpetrada por el gobierno.

Fuente: FORMABIAP

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HIJOS DE PUTIS

El informe de la CVR, seis años después. El pasado sábado se dio sepultura a los restos de 25 de las 123 personas –entre hombres, mujeres y niños– que se han podido identificar después de casi veinticinco años de su asesinato en Putis.

Putis es una poblado de Santillana, que es un distrito de Huanta, que es una provincia de Ayacucho. La tragedia que ocurrió en Putis en la madrugada del 13 de diciembre de 1984 se ha contado varias veces, pero no las suficientes como para que sirva de ejemplo de lo que nunca más debiera suceder en el Perú. Por ello, es imprescindible que nunca se olvide.

En 1983, Sendero Luminoso controlaba la zona de Huanta, incluyendo Putis, cuyos pobladores tuvieron que huir al cerro, aterrados, luego de que el terrorismo impidiera la realización de las elecciones municipales, y el teniente gobernador fueraasesinado y dejado tirado con un letrero que decía “si alguien se levanta en nuestra contra será exterminado”.

Un año después, se instaló ahí una base militar que le dio cierta confianza a los comuneros. Cuando los militares los invitarona regresar a Putis, les hicieron caso. Y cuando les hicieron cavar unos huecos donde les dijeron que construirían unas piscigranjasde truchas, quizá hasta se sintieron afortunados.

Pero lo que cavó la gente de Putis fue su propia tumba. Los soldados –que los miraban como prosenderistas– los metieron ahí después de asesinarlos, pero antes los hicieron ver cómo violaban a sus mujeres y mataban a sus 19 hijos de entre 4 y 7 años.

Además, los asesinos se quedaron con su ganado, el cual después vendieron. Así encontraron la muerte 123 personas.Es que los responsables no querían ningún testigo. Pero hubo quienes lo contaron y así lo pudo registrar la CVR.

Gracias a ello, junto con el esfuerzo de pobladores de Putis y organizaciones de derechos humanos, fue posible exhumar sus restos, identificar a 25 de ellos y, mañana, enterrarlos. Los ciudadanos de esa zona –aunque algunos no lo crean o acepten, son ciudadanos peruanos– pretenden, como cualquier persona lo desearía, enterrar a sus víctimas, justicia y reparación. Lo que quieren es que les devuelvan su dignidad.

Pero esto es difícil de conseguir porque las Fuerzas Armadas se han negado a dar información sobre la matanza, y menos lo van a hacer ahora que su ministro es un activista contra las organizaciones de derechos humanos. El respeto a los derechos humanos de todos –incluyendo, sin duda, de militares y policías– es lo que sustentó hace seis años la CVR, aunque algunos quieran, sin sentido y mala intención, demostrar lo contrario.

Fuente: Augusto Álvarez Rodrich/larepublica.pe

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