¿En qué consiste el modelo escolar chileno?
El sistema escolar chileno tuvo un carácter centralizado. La educación era responsabilidad ineludible del Estado. Esta tradición fue cortada de un solo tajo en los años 80, con la aplicación de una reforma educacional privatizadora, en virtud de la cual el Estado docente del pasado pasó a tener un papel subsidiario, y el mercado pasó a ser la instancia reguladora de las actividades en el ámbito escolar. La concreción de la reforma se dio en dos ámbitos diferentes y convergentes:
1. Se cambió la modalidad del financiamiento de la educación y
2. Se descentralizó la administración de la educación a través de la municipalización.
El discurso que buscaba legitimar estos cambios planteaba que el Estado era excesivamente burocrático y, por ende, había que trasladar muchas de sus funciones (entre ellas la educativa) al sector privado, que era más eficiente.
Desde el punto de vista pedagógico y estrictamente educativo, se transitó de la valoración del estudiante como ser humano con plenitud de derechos y su formación como ciudadano(a), a la concepción de éste como consumidor de servicios culturales y factor fundamental del proceso empresarial educativo. En lo profundo, el objetivo estratégico era (y es) entregar los procesos de regulación de la educación a los mecanismos del mercado, igual que se hiciera con otros servicios públicos como la energía, la telefonía, los hospitales y la seguridad social.
Así, el propósito de la equidad en educación se preveía fuera solucionado en el mercado, dependiendo de quienes por sus posibilidades económicas pudiesen comprar servicios educativos; y el propósito de la calidad educativa, como en toda empresa capitalista, se procuraba quedara en manos de quienes mostraran una mayor eficiencia administrativa, atrajeran mayor cantidad de recursos de parte de los padres de familia y a la competencia entre centros educativos.
¿Cómo es el financiamiento de la educación en Chile? y ¿En qué consiste la Ley de Subvenciones de 1981?
Quizás la medida más importante de la reforma educacional chilena fue la relacionada con la asignación de recursos a las escuelas de parte del Gobierno, de acuerdo con la cantidad de estudiantes matriculados y la asistencia mensual de éstos a los centros escolares. La idea del financiamiento vía subvención por estudiante pretendió ofrecer el escenario apropiado para que los agentes del sector privado viesen en la educación las posibilidades para hacer negocios. De ahí que la propaganda que sirvió para vender la idea estuviese centrada en principios como: la libre competencia, el fomento a la iniciativa privada, la libertad de gestión, “la educación es un buen negocio”, en suma: el lucro y las ganancias a través de la educación.
Las principales críticas a este modelo han sido de dos tipos, por un lado se critica que a pesar de que es el Estado chileno el que se encarga de financiar a cada estudiante del sistema escolar de la educación básica y secundaria, casi no existen mecanismos de control que garanticen la correcta utilización de los recursos. “Es el único país del mundo que permite el lucro con fondos públicos y sin mayor control ni rendición de cuentas (…), así se han armado imperios económicos.
El tema sobre la falta de controles y transparencia respecto del uso de los recursos se presenta acompañado de otro tema más sociológico y más profundo sobre el cual se critica al modelo de las subvenciones educativas; éste es el referido a las formas y maneras como los centros particulares subvencionados seleccionan a sus estudiantes, críticas que desentrañan la principal insuficiencia del modelo, cual es: la contradicción entre el Derecho a la educación, (la educación como un derecho humano fundamental), y el Derecho a la libertad de enseñanza, como derecho de los empresarios privados, a fundar centros escolares como medios para el enriquecimiento personal o familiar.
Los académicos Egaña y Redondo se refieren a este tema así: “El derecho a la libertad de enseñanza ha permitido que los empresarios privados seleccionen a los alumnos que les acomodan, dejando fuera a los más pobres o aquellos con problemas de aprendizaje… Entonces, quienes no acceden a estos colegios particulares subvencionados tienen que ir a los colegios municipales, donde los tienen que recibir sin ninguna distinción. La lógica del mercado ha funcionado como corresponde, selecciona alumnos con buenas calificaciones, porque es más barato educar alumnos buenos, y los malos van al sistema público municipal”.
Betzie Jaramillo, columnista de La Nación, de Santiago, dice que algunas de las preguntas que los dueños de los centros subvencionados hacen a los estudiantes, para decidir si los aceptan o no, son las siguientes: barrio de procedencia, apellidos, rasgos étnicos, profesión y antecedentes jurídicos y sanitarios de los padres, etc. todo disimulado tras exigencias de calificaciones en anteriores colegios y certificados médicos. “Buscan prestigio –dice Juan García Huidobro, del CIDE– distinguiéndose de los más pobres y separándose de ellos”.
¿Cómo fue la municipalización de la educación en Chile?
La descentralización de la educación en Chile durante el régimen militar consistió en trasladar la responsabilidad sobre las escuelas de la educación básica y secundaria, que históricamente habían sido administradas por el Ministerio de Educación, a las municipalidades del país. El Ministerio abandonó sus antiguas funciones relacionadas con el financiamiento, la gestión y la vigilancia pedagógica, y se quedó solamente con tareas relacionadas con el control y la evaluación de programas y proyectos.
Como muchos estudios lo han demostrado, esta iniciativa fue pensada, consciente y expresamente, como una estrategia para la segmentación de los pobres respecto de los otros sectores de la sociedad.
1. “La famosa municipalización –dice Betzie Jaramillo– que pretendía descentralizar la educación lo que en verdad hizo fue diseminar el sistema educacional en los más de 300 municipios del país. Unos opulentos, que pueden añadir fondos a la cuota estatal (como Vitacura y las Condes, en Santiago) y que no pasan de treinta, y otros miserables, como los que forman el cordón empobrecido de la capital, las aldeas del desierto, el altiplano rural y las islas del fin del mundo, que apenas consiguen pagar a los profesores”.
2. El otro objetivo de la municipalización, tan importante como el de la segmentación social de los sectores empobrecidos, fue el de la desarticulación de los sindicatos de maestros y de las asociaciones estudiantiles y de padres y madres de familia. Así, las demandas de los más pobres por más y mejor educación serían en contra de los alcaldes y no en contra del gobierno de la dictadura.
¿En qué consiste la Ley Orgánica Constitucional de la Enseñanza (LOCE)?
Un día antes que Pinochet dejara el poder, el 7 de marzo de 1990, la dictadura promulgó la Ley que legalizaba la privatización de la educación, las subvenciones educativas y la municipalización de la educación. La LOCE no asegura la calidad de la educación, pues fija requisitos irrisorios para el reconocimiento oficial de los colegios e instituciones privadas de educación superior. Las consecuencias de esto son: la educación funciona como mercancía y no como derecho social; los dueños de los colegios subvencionados se lucran por la venta de servicios educativos y están autorizados para seleccionar a los estudiantes segmentando el sistema escolar”.
¿Cómo fue la insurrección de los estudiantes de secundaria en Chile (pingüinos)?
Todo comenzó, en mayo del 2006, con cuestiones aparentemente triviales y de fácil manejo, como lo fueron el pago de los pasajes en el transporte colectivo para los estudiantes y la gratuidad de las pruebas de ingreso a las universidades. No obstante, a medida que fue pasando el tiempo y en el fragor de la lucha, las demandas epidérmicas se transformaron en demandas estructurales que aludían directamente a la LOCE, principal herencia pinochetista en el campo de la educación, y que la coalición política gobernante desde 1990 nunca había pensado cuestionar, mucho menos cambiar. En este sentido, la rebelión estudiantil no es sólo un movimiento que hace crujir al establecimiento educativo, sino que también es una crítica a las formas y maneras de hacer gobierno de los socialistas chilenos, que, acomodados al modelo neoliberal centrado en el mercado, durante 16 años han gobernado al país, en éste y otros campos, con base en las leyes de la dictadura.
La insurgencia estudiantil, a la vez que sumaba nuevas causas que justificaban su lucha, poco a poco fue ganando numerosas y sustantivas solidaridades de otros sectores de la comunidad educativa chilena (magisterio, estudiantes universitarios, asociaciones de padres de familia, organismos académicos) y de entidades defensoras del Derecho a la Educación a nivel internacional, como fue el caso del Foro Latinoamericano de Políticas Educativas (FLAPE). Ante esta situación, que día a día se tornaba inmanejable, la presidenta Bachelet, con la celeridad que el caso demandaba, creó el Consejo Asesor Presidencial integrado por representantes de diferentes sectores de la sociedad chilena, a fin de que estudiaran el problema y le hicieran las recomendaciones pertinentes.
La situación era y es muy compleja en tanto la solución debe atender variados y diferentes intereses. Se han cumplido 33 años de imposición y construcción del modelo privatizador neoliberal en Chile, motivo por el cual, aunque los militantes y los motivos a favor del derecho a la educación son numerosos hay muchos defensores del derecho a la libertad de la enseñanza sustentada en la LOCE, entre los que se encuentran no sólo las cámaras empresariales chilenas, los partidos de la derecha pinochetista y el diario El Mercurio, sino que también miembros de los partidos de la Concertación en el gobierno, que se han hecho millonarios a la sombra de las subvenciones a los centros educativos privados.
Los voceros estudiantiles en junio del 2007, han reiniciado sus luchas y han manifestado que no darán marcha atrás en sus reclamos. "Queremos, exigimos verdaderos cambios, queremos mejor educación; seremos intransigentes esta vez...Pedimos en este momemto que nuestros colegios vuelvan a manos del Estado y así garantizar la equidad que nunca hemos tenido", manifestó una dirigente estudiantil. Está avisada la presidenta Bachelet, si los cambios no satisfacen las demandas de los pingüinos y del Frente Social de la Educación, las calles de Santiago les están esperando para continuar la lucha por cambiar la educación desde las barricadas. El lema ya está listo: “Si la educación es un negocio, entonces los clientes tienen la razón”.
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