GOBIERNO DA ASILO A SINDICALISTA VENEZOLANO, MIENTRAS EN EL PERÚ SE PENALIZAN LAS PROTESTAS POPULARES Y SE ORDENAN ENCARCELAR A DIRIGENTES SINDICALES DEL SUTEP-CONARE
El líder sindical venezolano Carlos Ortega ha obtenido asilo en Perú. Ya saben los dirigentes del SUTEP, de la CGTP, del Sindicato Minero, que pueden pedir asilo en Venezuela. Ya sabe Robert Huaynalaya y Mario Huamán: la matonería y la prepotencia del gobierno peruano es sinónimo de persecución política. Por tanto es factible poder obtener asilo.
Durante la jornada de protestas sindicales en nuestro país de junio y julio de este año, fuimos testigos de la violencia y prepotencia con que las autoridades policiales y políticas trataron a los gremios sindicales. Muchos de ellos hasta ahora enfrentan acusaciones en la Fiscalía. Podrían entonces argumentar también persecución política, pues el gobierno de Alan García no admite voces en la oposición.
Nos informa la prensa local que Carlos Ortega ya estaría en Perú. No se ha confirmado. Lo cierto es que el reconocimiento gubernamental al derecho a la libertad de expresión y protesta que el gobierno peruano admite con este asilo debería empezar por casa. Alan García debería empezar por dejar de perseguir dirigentes sindicales, insultarlos u ordenar detenerlos, privándolos de la libertad. Y debería también dejar de ordenar se dicten leyes draconianas que impiden el derecho a la expresión y a la protesta en las calles.
ANTECEDENTES DEL ASILADO CARLOS ORTEGA
En la “Guerra del Petróleo” vivida desafortunadamente por primera vez en Venezuela, hace ya cuatro años, donde la corporación estatal PDVSA se incorpora a los planes subversivos, acompañando al poder político oligárquico estructurado por la central empresarial Fedecámaras, la corrupta Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) dirigida en ese entonces por Carlos Ortega, los partidos políticos de la IV República y los principales actores conformados por la aristocrática dirección de esa empresa petrolera, los cuales decidieron a su propio riesgo, paralizar y sabotear todas las operaciones de la producción de petróleo, gas y refinados, con la altanería característica de la meritocrática organización.
Evidentemente no estaban solos en esta aventura. Tenían el apoyo firme de las principales transnacionales del terrorismo, que desde hacía tiempo y en un acelerado proceso de privatización de diversas actividades de esa empresa, fueron progresivamente controlando distintas áreas estratégicas del negocio de los hidrocarburos, entre ellos la plataforma informática asociada al Pentágono, que influyó de manera determinante en el control y dirección externa de la industria.
Era el 2 de diciembre del 2002. Habían transcurridos unos siete mes del golpe del 11 de abril, derrotado fulminantemente por el pueblo venezolano y las fuerzas armadas leales al Presidente Chávez. Los actores principales Carlos Fernández y Carlos Ortega, decretaron huelga general, la conducen, en una rara mezcla de intereses políticos; dirigencia patronal y sindical unidos por primera vez en la historia democrática venezolana, en su apuesta para sacar al “tirano Chávez” elegido por el voto popular, universal y secreto en 1998, jugándose una última carta subversiva de proporciones catastróficas para los venezolanos.
Naturalmente, que detrás de esta mega operación destructiva nunca antes vista en la historia petrolera mundial, existían otros actores fundamentales. El embajador norteamericano Chapiro y el gobernador Rosales, ambos golpistas crónicos, que de la mano venían participando con oscuros intereses en la insurrección derechista desde el golpe de estado del 11 de abril. Hoy claro está que pretendieron apoderarse del petróleo venezolano.
Así informa: Perú 21 La República
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