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viernes, 29 de febrero de 2008

CUSCO Y TACNA SE REBELAN AL PODER EJECUTIVO

APRUEBAN ORDENANZAS PARA EFECTUAR SU PROPIA EVALUACIÓN DE DOCENTES, DESCONOCIENDO DIRECTIVAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

A la terquedad de los arequipeños, ahora se suman los gobiernos regionales de Cusco y Tacna, quienes también decidieron desconocer las disposiciones del Ejecutivo y acordaron iniciar sus propias evaluaciones locales para la contratación de docentes para el 2008.


Mediante la ordenanza 030-2008, el gobierno regional del Cusco dispuso la “inaplicabilidad” del Decreto Supremo 004, que aprueba las políticas sectoriales a nivel nacional para contratar y nombrar maestros.

Asimismo, la medida dispone que la Dirección Regional de Educación del Cusco proponga al pleno del consejo regional la directiva específica de contratación del personal docente “para el año lectivo 2008 dentro del plazo de 72 horas”. Es decir, no acatarán el examen nacional del Ministerio de Educación del 9 de marzo.

Inconstitucional

En la misma línea, el gobierno regional de Tacna optó por no aplicar el Decreto 004 porque considera que impide o restringe el derecho a la igualdad de oportunidades y por ello sobrepone los criterios establecidos en la Ley 29062 del Profesorado.

Pero no contentos con desconocer las directivas del Ministerio de Educación, la ordenanza tacneña establece un “sistema de bonificación” para aplicar en el proceso de evaluación de docentes que colisiona a todas luces con los criterios ya dispuestos por el Ministerio de Educación para la evaluación del 9 de marzo.

Según la ordenanza, los profesores postulantes nacidos en Tacna tendrán 10 puntos extras sobre el resultado de la prueba; los residentes en Tacna, cinco puntos; y los pertenecientes al tercio superior, apenas tres puntos. Cabe precisar que ambas ordenanzas regionales llevan las firmas de los presidentes de la región Cusco, Hugo Gonzales, y de Tacna, Hugo Ordóñez Salazar.

MAS DATOS Las autoridades del Ministerio de Educación han señalado que los presidentes regionales que no cumplan con las disposiciones del Ejecutivo serán “denunciados penalmente”.

Fuente: Correo.
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