La magnitud de los sobornos pagados a funcionarios públicos y empresarios se desconoce a ciencia cierta, sin embargo, algunos indicadores reflejan que estos se realizan a gran escala, mientras que las acciones que se emprenden por el gobierno o por las organizaciones no gubernamentales, resultan insuficientes.Algunos de los efectos de la corrupción política se refleja en mayor pobreza de las comunidades, deterioro de las instituciones públicas y provocan distorsiones económicas.
La corrupción política se define como el abuso de un cargo público para el beneficio privada. Pobreza se define como la falta de los satisfactores primarios que aseguren el bienestar individual.
Los satisfactores primarios son aquellos que permiten la conservación del individuo, entre los que destacan, la casa, comida y sustento. Debiéndose incluir servicios públicos, salud, educación y medicamentos.
La corrupción es un fenómeno que existe en todos los países, devorador de instituciones, se presenta en diversos grados con dificultad para determinarlo en términos reales. Esto motiva a tener indicadores de corrupción relativa que puede ser distinta a la corrupción real.
Debe distinguirse entre corrupción política y corrupción administrativa, en virtud de que la primera involucra al sistema político y su gobierno, en la segunda a la administración pública, los servidores públicos y los gobernados.
La corrupción se percibe por sus efectos, la cual, además de provocar grandes pérdidas económicas y en ocasiones vidas humanas, deteriora la imagen pública de las instituciones y servidores públicos (partidos, diputados, jueces). Así mismo, dificulta la gobernabilidad y el desarrollo social de las comunidades, entorpece el desarrollo económico de los Estados y es causa directa de la pobreza y la injusticia social.
Los países con mayor grado de corrupción relativa, se presenta en donde su estructura reguladora es débil, existiendo clases dominantes que concentran la riqueza en contra de una población mayoritaria pobre.
La corrupción no distingue raza, credo o preferencia sexual, es común y natural en todos los pueblos y sociedades. Son pocos los gobiernos que invierten recursos públicos para su combate, organizaciones no gubernamentales pretenden medirla y promover su denuncia para erradicarla, los ciudadanos la repudian; sin embargo, ésta existe y parece ser un anticuerpo que coexiste con el organismo social, del que se nutre y enraíza. La gran mayoría de gobiernos la promueven con leyes genuflexas que protegen a los corruptos.
Es fundamental, que la sociedad, organismos intermedios y gobierno, sean corresponsales en la tarea del exterminio de las prácticas que promueven la corrupción, ya sea por su indiferencia, por su tolerancia o por su complicidad. Los actos u oportunidades de corrupción deben ser combatidos con acciones enérgicas y decisivas.
Conciente de que la corrupción es un factor que propicia la pobreza de los pueblos, se debe luchar contra ella, especialmente en el llamado “Tercer Mundo” afirmando que la corrupción atraviesa todos los sectores sociales y no puede atribuirse solo a los operadores económicos o a los funcionarios públicos. La lucha contra la corrupción es un valor, pero también una necesidad; la corrupción es un mal, pero también supone un coste; el rechazo de la corrupción es un bien, pero también una ventaja; el abandono de las prácticas corruptas puede generar desarrollo y bienestar; los comportamientos honestos deben ser incentivados y los deshonestos penalizados.
Para Transparencia Internacional, la corrupción es una de las causas principales de pobreza, aún cuando esta organización tiene como objetivo primordial el de combatir la corrupción financiera y sus consecuencias en el desarrollo.
Cuando los recursos públicos que deberían destinarse a servicios y desarrollo social de las comunidades, se desvían para beneficio privado, por complicidad o descuido de quien ejerce el poder, no solo se pone en juego la imagen de la institución o servidor público, sino que se debilita al entramado social que sirve de sustento al organismo público.
Los montos sustraídos del beneficio público por actos de corrupción no son directamente proporcionales a su valor absoluto en monetario, sino que el hecho genera mayores pérdidas en forma indirecta que finalmente se traduce en mayor pobreza de la comunidad, derivado del “efecto multiplicador”.
Los actos de corrupción por indiferencia, descuido o complicidad, son temas obligados de la sociedad, sin embargo, en la mayoría de los casos la prescripción ha operado en beneficio de los involucrados, sirviendo solo de escarnio colectivo o agenda de prensa que nutre su amarillismo o la guerra sucia en procesos electorales.
Fuente: Fauna política/Rodolfo Herrera.
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