POR QUÉ LOS PROFESORES SE OPONEN A LA CARRERA MAGISTERIAL

Una de las razones importantes por la que no estamos de acuerdo con la CPM propuesta por el gobierno aprista es que elimina la posibilidad del reajuste permanente de los salarios en función del incremento de costo de vida. Más ahora que los precios de los alimentos y otros bienes imprescindibles de la canasta básica se van incrementando, despertando el legítimo temor a la inflación (como no, con los antecedentes de la gestión del gobierno aprista).

Otra razón de peso es que el número de plazas en cada nivel no es fijado por las necesidades de cada institución educativa (como debería ser, si la intención de los gobernantes fuera realmente mejorar la calidad de la educación), ni por las capacidades de los docentes evaluados (como debería ser si lo que se quiere es elevar el desempeño profesional). El número de plazas ha sido determinado arbitrariamente en una triste ley y depende de la disponibilidad presupuestaria. En términos más simples, no importará que los estudiantes de las instituciones educativas estatales necesiten que la mayoría de sus docentes sean de la mejor calidad, ni tampoco cuántos docentes obtengan calificaciones excelentes en las evaluaciones y que, por tanto, tengan legítimo derecho a ganar más (como pregona el gobierno), sino los números fijados arbitrariamente y el presupuesto "disponible". Esto es absolutamente injusto y durará lo que dure la ventaja que el gobierno tiene en la correlación de fuerzas.

Imaginemos que en el colegio "Los Reyes Rojos" (Atención Constantino Carvallo) se le ocurriera al director la siguiente norma: Sólo el 5% de los estudiantes podrán obtener una calificación promedio de "A", sólo el 10%, una calificación de "B", el 35%, "C" y el 50%, "D". No importa que el 80% logre aprender todos los conocimientos, desarrolle todas las capacidades y muestre las mejores actitudes y valores propuestos en el currículo. De cada cien, sólo cinco podrán mostrar en sus certificados el calificativo ansiado "A". ¿Qué reacciones provocaría en los estudiantes y en sus padres? Si su hijo, amigo lector, estudiara en un colegio en el que esta norma fuera vigente, ¿qué haría?.

Finalmente, aunque hay otras razones que después expondremos, no estamos de acuerdo con la CPM por cuanto limita los cargos que puede desempeñar los docentes al de director de institución, dejando otros cargos técnicos de los órganos intermedios y del propio ministerio(especialistas, consultores, jefes de área o unidad, etc.), para los amigos y partidarios del gobierno de turno. Esta cuestión no solo se exige como derecho legítimo de los buenos profesionales de la educación (a quienes no debería cerrárseles las posibilidades de acceder a dichos cargos) sino fundamentalmente porque está demostrado por décadas de fracaso, que los profesionales que llegan a los órganos intermedios o al MED sin ser profesionales en educación y no haber ejercido nunca la docencia con niños o adolescentes en colegios estatales, no tienen esa dosis imprescindible de experiencia que les permitiría elaborar propuestas viables. Ellos pueden construir espectaculares castillos de arena en base a sus librescos conocimientos (con todo respeto), pero esas ideas jamás germinarán.

Lo expuesto hasta aquí y otras razones, llevan a la conclusión que no es interés del gobierno mejorar la educación, como creen algunos intelectuales de buena fe (personalidades o agrupaciones respetables). Podría sospecharse que la intención es, por algún cálculo político, aplastar política y económicamente a los profesores.

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