El informe de organización humanitaria inglesa Oxfam* «Firmando lejos el futuro» revela que EEUU y la Unión Europea (UE) persiguen con entusiasmo tratados de libre comercio (TLCs) regionales y bilaterales cada vez más destructivos del comercio y de la inversión por fuera de los auspicios de la Organización Mundial de Comercio ( OMC). Es el caso por ejemplo de la política aplicada por el presidente peruano Alan García (en la foto con George W. Bush) señalan los investigadores.
Foto arriba: El presidente peruano Alan Garcia Pérez visitando a George W. Bush en la Casa Blanca. Alan Garcia ha aceptado de firmar los Tratados de Libre Comercio con los EEUU a pesar de una amplia oposición en el Perú por parte de las pequeñas y medianas empresas así como un importante sector de la población. Su partido político (el APRA) era un movimiento revolucionario fundado por el legendario Haya de la Torre pero dejó de serlo hace tiempo, y aplica políticas neoliberales y trabaja para la globalización capitalista que favorece a los países industrializados. Alan García es uno de los principales enemigos de los cambios sociales progresistas que están ocurriendo en Ecuador, Brasil, Argentina, Venezuela, Uruguay, Nicaragua y recientemente en Paraguay.
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Estos acuerdos exigen enormes concesiones irreversibles de los países pobres (también llamados «en vías de desarrollo»), mientras los países desarrollados no ofrecen casi nada en retribución.
EEUU y la UE están exigiendo rápidas y profundas reducciones de tarifas arancelarias sin precedentes, a veces con «arancel cero», para sus mercancías agrícolas subvencionadas que venden a los países subdesarrollados a precios de «dumping» (véase la historia # 21), sumergiendo a los granjeros locales en la pobreza desesperada.
Mientras tanto, EEUU y la UE se aseguran tarifas altas y rigurosos cupos de importación desde los países subdesarrollados para proteger a sus propios productores. Como resultado de las políticas económicas forzadas por los gobiernos de los países desarrollados, bajo el control de incontables compañías multinacionales, se están produciendo pérdidas sin precedentes del sustento, desplazamientos de trabajadores y trabajo esclavo, en una espiral de degradación de los derechos humanos y del medio ambiente.
Durante 2006, más de cien países en vías de desarrollo fueron involucrados en tratados de libre comercio o negociaciones para tratados bilaterales de inversión (BITs, sigla en inglés). "Se firmó cada semana un promedio de dos tratados", reveló el informe de Oxfam difundido por IPS. «Virtualmente, ningún país, al menos pobre, ha quedado fuera». Muchos de los recientes debates y controversias en las negociaciones de comercio han girado en torno al incremento de la devastación del intercambio por prácticas distorsionadoras de los países ricos en contra de los países en desarrollo que necesitan promover su seguridad alimentaria y el desarrollo industrial.
Sin embargo, la nueva generación de TLCs lleva mucho más lejos esta tradicional imposición de políticas que devienen en reglas dañinas y obligatorias sobre propiedad intelectual, servicios e inversiones, con consecuencias mucho más profundas para el desarrollo y de gran impacto entre los pobres.
Recién aparece a la luz el doble estándar en las cláusulas sobre derechos de propiedad intelectual que contienen la mayoría de los acuerdos comerciales, pues los nuevos acuerdos limitan el acceso de los países en vías de desarrollo a la tecnología patentada y a las medicinas –mientras tampoco pueden proteger el conocimiento tradicional– con un creciente perjuicio para la salud pública. Se espera que el TLC EEUU/Colombia reduzca el acceso a las medicinas en 40%, en tanto el TLC EEUU/Perú dejará de 700.000 a unos 900.000 peruanos pobres sin acceso a medicinas comprables.
Los TLCs con EEUU y la UE también imponen «derechos de semillas» que impiden a los granjeros locales ejercer su capacidad ancestral de utilizar sus propias semillas. Así se hace aún más vulnerable el sustento de los cultivadores de la tierra más pobres del mundo, mientras continúan subiendo los márgenes de beneficio de los negocios agrícolas más grandes del planeta.
Los TLCs de EEUU ahora están comenzando a patentar las plantas, algo que no sólo limitará los derechos de los granjeros a intercambiar o vender semillas, sino también les prohíbe guardar y reutilizar semillas que han cultivado por generaciones.
Bajo los TLCs con EEUU, incluyendo los de Perú, Colombia y República Dominicana-Centro América (DR-CAFTA, sigla en inglés), los gobiernos de los países subdesarrollados no podrán rechazar el uso de patentes porque ninguna empresa podría indicar el origen de una planta o demostrar con pruebas el consentimiento para su uso en una comunidad local.
Como resultado, las comunidades podrían verse obligadas a pagar por las variedades de planta patentadas basadas en recursos genéticos de su propio suelo.
Las nuevas reglas también plantean amenazas a los servicios esenciales mientras los TLCs permitan que los inversionistas extranjeros se hagan propietarios de los cuidados de salud, de la educación, del agua y de los servicios de utilidad pública.
Las cláusulas de inversión de los TLCs y de los tratados bilaterales de inversión (BITs, en inglés) permiten que los inversionistas extranjeros demanden por las ganancias perdidas, incluyendo beneficios futuros anticipados, si los gobiernos cambian regulaciones, incluso aunque tales reformas sean de interés público. Estas reglas disminuyen la soberanía de las naciones en desarrollo, transfiriendo poder de los gobiernos a un sinnúmero de empresas multinacionales.
Un número creciente de tratados y acuerdos de inversión alteran severamente los parámetros de la justicia, para evitar que los gobiernos investiguen o regulen la inversión extranjera, prohibiendo el uso de todos los «requisitos de funcionamiento» instituidos para todos los sectores, incluyendo minería, manufacturas y servicios.
Más de 170 países han firmado acuerdos internacionales que –ante cualquier conflicto–otorgan a los inversionistas extranjeros el derecho de recurrir inmediatamente al arbitraje internacional, sin intentar resolver primero la disputa en las cortes nacionales. Tal arbitraje no puede considerar el interés público. Sus decisiones se basan exclusivamente en el derecho mercantil. Lea la ampliación del artículo en http://www.voltairenet.org/
Fuente: Artículo escrito por Sanjay Suri.
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