El gobierno aprista quiere incorporar a la Carrera Pública Magisterial a la fuerza a la mayor cantidad de docentes. Esto lo evidencia la ampliación de la posibilidad de ingreso para quienes obtuvieron menos de 14 (nota mínima para clasificar a la segunda etapa).
Se hubieran ahorrado el gasto poniendo 11 como nota aprobatoria. Se entiende que hay un trasfondo político - electoral en dos aspectos. Debilitar al Sutep y publicitarse como un gobierno que le preocupa la situación del magisterio, pero presumo que hay otros nubarrones.
Para comenzar debemos preguntarnos: ¿Están realmente presupuestadas todas estas plazas ofertadas con incremento incluido? ¿No será que una vez dentro del nuevo régimen se reduzcan a su mínima expresión como sucedió en la evaluación anterior, especialmente con los docentes de secundaria? En efecto, en aquella oportunidad el aumento ofrecido era muy jugoso, pero el gobierno aprista luego lo condicionó al dictado de treinta horas semanales, y como todos saben en secundaria, no existen plazas de esa cantidad de horas.
Si el propósito era estimular a los profesores que se esfuerzan por capacitarse, éste se ha desnaturalizado, al menos en el aspecto de conocimientos, rubro medido por la prueba clasificatoria. Ahora los que no llegaron a 14 rendirán un nuevo examen de conocimiento, presumiblemente aún más fácil que el anterior. En éste, para un profesor de humanidades, las preguntas más difíciles eran las de habilidades matemáticas (25 de 100). Demasiadas sí consideramos su utilización en el ejercicio pedagógico. La dificultad, en la misma proporción, estaba en las preguntas de habilidades comunicativas para un profesor de ciencias formales (lógico - matemáticas).
Si aún así se pretende incorporar a los que no aprobaron - insisto, se debió bajar el techo a 11 - me temo que el pretexto para no cumplir lo ofrecido, salarialmente hablando, será el otorgamiento de las máximas facilidades, situación que no los pone en condiciones de exigir más. Incluso, insólitamente, se les está permitiendo inscribirse para la segunda etapa sin aún aprobar la primera, la cual volverán a rendir en agosto. Lo injusto es que se meterá a todos (aprobados y subsanados) en el mismo saco.
Si a esto sumamos la nueva convocatoria para nombramientos en el primer nivel, esto ya adquiere ribetes carnavalescos. De nuevo nos encontramos con medidas oportunistas y aisladas y no de políticas serias y e integrales para mejorar el sistema educativo en nuestro país. Asumiendo que se tenía algo de buena intención para revalorar al docente, vía reconocimiento salarial, al parecer el afán electorero se ha impuesto sobre la apuesta por la calidad educativa, la fórmula más segura y sostenible de salir del sub desarrollo.
Fuente: correoperu.com.pe
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