Cuando escuchamos a la prensa mercenaria etiquetando a la candidata a la alcaldía por Lima de Fuerza Social, Susana Villarán, como la Bachelet peruana, sencillamente suena a huachafería política; sin embargo, a la candidata parece gustarle, inclusive ella misma salió a decir que le agradaba la comparación con la ex presidenta de Chile. Pero, lo que no dice la prensa mermelera son las violaciones a los derechos humanos cometidas, durante su mandato, por esta seuda izquierdista, contra la nación Mapuche.
La implementación de leyes anticonstitucionales (Como la "Ley de la Selva" que quiso imponer el genocida Alan García) para favorecer a la explotación de los recursos naturales ubicados en territorio ancestral de los mapuches, han permitido aplicar el andamiaje legal de normas pinochetista para criminalizar la protesta y poder reprimir, encarcelar y producir un genocidio contra el heroico pueblo Mapuche.
La situación insostenible que desde hace siglos vienen enfrentando las distintas comunidades del Pueblo Mapuche, ha hecho nuevamente crisis.
Los presos políticos mapuche cansados y hastiados de violaciones a sus derechos, de torturas y persecuciones -incluso a menores de edad- y de interminables, desmedidas y arbitrarias gestiones por parte del Estado y la Justicia Chilena, tomaron la grave decisión de declarase en huelga de hambre liquida desde el día SABADO 10 DE JULIO DEL CORRIENTE AÑO.
Todos estos presos, se encuentran imputados por intento de recuperación de tierras o daños a la propiedad de las compañías forestales, empresas estratégicas del modelo primario exportador chileno y que están ocupando los territorios ancestrales del Pueblo Mapuche.
Hoy la unidad de los 32 presos políticos atomizados por las distintas cárceles de alta seguridad del sur de Chile (peñis de Concepción, Temuco, Valdivia, Algol y Lebu), nuevamente se ha levantado como un solo cuerpo y ha encarado la difícil decisión de privarse de alimento y agua, para exigir una solución de fondo a este conflicto político.
Ante esto, las organizaciones libertarias de distintas regiones del mundo abajo firmantes, manifestamos nuestra plena solidaridad y denunciamos al Estado y la justicia Chilena por:
1. Ser el único país con la mayor cantidad de presos políticos miembros de una comunidad originaria, lo que da cuenta de un racismo, una discriminación, una opresión y una ideología que son típicas de los Estados que se manejan con políticas de ocupación colonial y de acercamiento a un particular fascismo.
2. El Estado de Chile posee un andamiaje jurídico que no responde a un debido y transparente proceso, es decir, lo que se conoce como “Estado de derecho”, no existe para el pueblo Mapuche, ya que no existe igualdad de condiciones, sino que privilegia a los intereses económicos estratégicos del actual patrón de acumulación neoliberal chileno, es decir, empresas forestales, mineras, hidroeléctricas, el rancio latifundio, etc.
3. Una política sistemática de aniquilamiento del pueblo Mapuche -que no sólo es impulsada desde el Estado y la Justicia, sino que también por la derecha económico- política y su Gobierno- que se materializa a través de:
a) Aplicación de la Ley Antiterrorista, creada en años del Régimen Autoritario del dictador genocida Augusto Pinochet. Legislación que apunta contra los delitos que atentan contra la vida, aunque hasta el momento ningún Mapuche ha cometido un homicidio. Sin embargo, sobre algunos presos penden penas de cárcel de 50 y más de 100 años.
b) Aplicación de un doble procesamiento, es decir, los Mapuche son juzgados e imputados 2 veces por el mismo delito, tanto por la Justicia Civil, como por la rancia Justicia Militar, que sólo se aplica en este país y en los más conservadores del mundo.
c) Militarización del territorio en que las comunidades reivindican derechos políticos y territoriales. Se trata de efectivos combinados que aplican arsenal militar y policial, tales como helicópteros y gases lacrimógenos, que acosan a mujeres y niños que no tienen la protección de un hombre mayor, ya que en su mayoría están presos.
d) Corporaciones mediáticas, que han creado una invisibilidad ignorando el recurso de la huelga de hambre y, por otro lado, constantemente han criminalizado la histórica protesta social y la justa y legítima lucha, buscando condenas anticipadas y de mayor envergadura en la opinión pública.
e) Testimonios falsos y de testigos con rostro cubierto, pagados tanto por la fiscalía como por particulares. Ejemplar es la supuesta vinculación que intenta crear el fiscal Francisco Ljubetic, entre las organizaciones del Pueblo Mapuche y las FARC de Colombia, de esta forma intentando crear un falso y desproporcionado paralelo entre los conflictos internos de cada país.
f) Secreto de la investigación durante casi todo el proceso, acción que impide el derecho a la defensa.
g) Prisión preventiva durante todo el proceso de investigación para la mayoría de los imputados (más de un año), cuestión que no respeta la presunción de inocencia, supuestamente garantizada por el actual sistema judicial chileno.
h) Persecución y encarcelamiento a través de montajes mediáticos llevados a cabo por el Ministerio Público.
i) Y, finalmente, el gobierno se posiciona no atendiendo las demandas de los huelguistas, jugando al desgaste del movimiento y con la salud de los comuneros en huelga.
c) Militarización del territorio en que las comunidades reivindican derechos políticos y territoriales. Se trata de efectivos combinados que aplican arsenal militar y policial, tales como helicópteros y gases lacrimógenos, que acosan a mujeres y niños que no tienen la protección de un hombre mayor, ya que en su mayoría están presos.
d) Corporaciones mediáticas, que han creado una invisibilidad ignorando el recurso de la huelga de hambre y, por otro lado, constantemente han criminalizado la histórica protesta social y la justa y legítima lucha, buscando condenas anticipadas y de mayor envergadura en la opinión pública.
e) Testimonios falsos y de testigos con rostro cubierto, pagados tanto por la fiscalía como por particulares. Ejemplar es la supuesta vinculación que intenta crear el fiscal Francisco Ljubetic, entre las organizaciones del Pueblo Mapuche y las FARC de Colombia, de esta forma intentando crear un falso y desproporcionado paralelo entre los conflictos internos de cada país.
f) Secreto de la investigación durante casi todo el proceso, acción que impide el derecho a la defensa.
g) Prisión preventiva durante todo el proceso de investigación para la mayoría de los imputados (más de un año), cuestión que no respeta la presunción de inocencia, supuestamente garantizada por el actual sistema judicial chileno.
h) Persecución y encarcelamiento a través de montajes mediáticos llevados a cabo por el Ministerio Público.
i) Y, finalmente, el gobierno se posiciona no atendiendo las demandas de los huelguistas, jugando al desgaste del movimiento y con la salud de los comuneros en huelga.
Ante esto demandamos:
JUSTICIA Y LIBERTAD A LAS Y LOS PRESOS POLITICOS MAPUCHE Y QUIENES COLABORAN CON SU LUCHA Y NO PERTENECEN A LA ETNIA.
FIN A LA LEY ANTITERRORISTA Y A LA JUSTICIA MILITAR.
DESMILITARIZACIÓN DE LA ZONA.
TIERRA Y AUTONOMIA PARA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS.
Para mantenerte informado sobre la huelga y el conflicto contra los mapuches, ingresa a: http://www.mapuexpress.net/ - http://www.azkintuwe.org/
Fuente: Solidaridad internacional.
____________________________
_________________
________
_________________
________
No hay comentarios:
Publicar un comentario