DEFENDER
Y AMPLIAR LOS DERECHOS DE LA LEY DEL PROFESORADO 24029.
NO AL RELANCE DE LA 29062, A TRAVÉS DE LA LLAMADA “LEY CONSENSUADA”
Como se demuestra, los que controlan el Estado, siguen
profundizando la privatización en contra
del derecho del pueblo a la Educación Pública Gratuita. No centran en la
situación y condición del estudiante y su entorno social donde se desenvuelve;
recortan el presupuesto del sector;
abandonan y precarizan las
escuelas y universidades públicas, luego las desprestigian para seguir
aplicando mayor privatización en todos los niveles del sistema educativo;
siendo ellos los principales responsables de la crisis económica y educativa
que sufre el pueblo.
Consustancial a la privatización, la
ultraderecha viene imponiendo la flexibilización laboral (despidos y sólo contratas unilaterales y sin
derechos). Para ello, apuntan no sólo a congelar la Ley del Profesorado 24029, sino que
también a destruirla; precisamente para negar la estabilidad laboral y derechos
conquistados, dando paso a otras negras normas como la 29062, 29510, CAS y su
relance la llamada “ley consensuada” (propuesta del CEN), que es la misma ley
29062 pero con nuevo ropaje. Por ello el Estado y gobiernos de turno, bajo
diversas formas y modalidades, gastando
fabulosas sumas de dinero, convocaron y fracasaron, una y otra vez, en
su vano intento de incorporar al magisterio nacional en la nefasta ley 29062,
tras el biombo de la “meritocracia”,
cuyos resultados en nada hacen cambiar la situación educativa del país.
En cuanto a la evaluación,
consideramos que es una necesidad; se evalúa para saber cómo se viene actuando,
cómo se cumplen los programas, planes y proyectos. Se evalúa personas,
autoridades, instituciones y políticas en todos los planos. Por ello las Bases
Regionales del SUTEP, en coordinación con el CONARE SUTEP, desde el 2007
venimos planteando evaluación de todo el sistema educativo: Evaluación de las
políticas educativas importadas que han fracasado una y otra vez, precisamente,
porque no responden a las necesidades e intereses del pueblo; evaluación del
deficiente presupuesto para educación; evaluación de la situación material,
social y afectiva en que viven los estudiantes, siendo urgente la instalación de comedores
estudiantiles; evaluación de la infra estructura material y pedagógica de las
I.E., equipándolas en todas las gamas
del saber, para que los estudiantes cumplan con el principio de “aprender
haciendo”; evaluación de las políticas educativas y curriculares de las Instituciones
Superiores de Formación Docente, donde se equipare la preparación práctica,
teórica y especializada desde los primeros años; evaluación de toda la
burocracia instalada en el Ministerio de Educación; evaluación del papel
intrascendente de los medios de comunicación y, por supuesto, evaluación de los
maestros en el aula, que sirva para resolver y mejorar el trabajo educativo e
impulsar su realización profesional
(ascensos).
En la evaluación al docente,
consideramos que la evaluación del desempeño y la actualización (capacitación)
son factores básicos del mismo proceso evaluativo; siendo la evaluación del
desempeño lo principal para el ascenso de nivel. En otras palabras, si un
maestro quiere ascender de nivel tiene que evaluarse principalmente su
desempeño laboral, no hay otro camino. Por tanto, de ninguna manera se justifica
la separación artificiosa de la evaluación del desempeño de otra supuesta
evaluación del ascenso de nivel como está consignada en la nefasta Ley 29062 y
como se pretende relanzar a través de la
propuesta de “ley consensuada” del
CEN . El
separarlo, sólo sirve para aplicar
la flexibilización laboral, medida anti laboral de la patronal, por lo cual los
maestros del Perú no estamos de acuerdo.
Por ello tenemos que alertar al Magisterio Nacional, que en este momento los compañeros del CEN
están jugando en esa dirección errónea y colaboracionista que, como en el 2002 y 2003, participaron y aplaudieron a la Ley
Privatista de Educación 28044;
elaboraron y apoyaron al MED con 90 mil ejemplares, para gestar y
aprobar la nefasta Ley de C.P.M.
29062 (hecho que fue reconocido a través de documentos por el mismo Ministerio de Educación); como
también firmaron las Actas de “racionalización”; y para lo cual no cesan de
tomar el nombre del SUTEP y nuestros
dineros depositados en la Derrama Magisterial.
Hoy, otra vez, tras el argumento de que hay que ser “propositivos y productivos” y de que “la Ley del Profesorado fue buena para su
tiempo”, están jugando en pared con la misma patronal, proponiendo en gran tiraje y a todo color una supuesta
“ley consensuada”, que es la
misma ley 29062 con nueva vestimenta. La
clave del asunto se observa en el Art. 42
de su propuesta, donde aceptan la
separación artificiosa de las evaluaciones del desempeño y evaluaciones del
ascenso como si fueran
dos hechos independientes,
divorciados lo uno de lo otro para,
precisamente, aplicar el despido. Luego
hablan de “reconversión laboral”para llevar a los despedidos a que compitan con
los administrativos en sus plazas; prácticamente aceptando el embuste de la
patronal, de que los docentes son los responsables de la crisis educativa, lo
que es totalmente falso. Estos hechos, indudablemente, causa la algarabía de la
Ministra de Educación y de la ultra derecha en su conjunto. Situación ésta que
rechazamos.
Sobre la llamada “ley consensuada” ya
hemos planteado, que una cosa es consensuar ideas y opiniones, otra cosa es
consensuar leyes. Consensuar leyes es poner en el mismo nivel o en la misma
balanza a la Ley del Profesorado 24029 y a la apócrifa Ley 29062, lo que
consideramos incorrecto; pues sabemos que en la primera ley se han establecido
derechos que son frutos del sacrificio y la lucha del Magisterio Nacional, ha
sido aprobada por el Pleno del Congreso de la República y hoy agrupa al 95% del
Magisterio; mientras la segunda, la
29062, ha sido digitado por el Banco Mundial, atenta contra los derechos
conquistados como la estabilidad laboral, no ha sido consultada al Magisterio
Nacional, tampoco ha sido debatida ni aprobada por el Pleno del Congreso de la
República y agrupa escasamente al 5% de
maestros, siendo una ley que flexibiliza las relaciones laborales del
trabajador con el Estado, claro está, para seguir profundizando la
privatización de la educación pública como hasta ahora se hace. Flexibilización
laboral significa trabajar sólo aceptando la condición de contratados; aceptar
los despidos para implantar las contrataciones unilaterales, condicionadas y
abusivas, que si hoy todavía no lo pueden hacer, es porque el gran grueso de
maestros se mantiene en la Ley del Profesorado.
No es que las Bases Regionales del
SUTEP no tengamos propuesta magisterial, sí la tenemos, la misma que refleja
los verdaderos intereses y necesidades del Magisterio Nacional; pero tenemos
que saber ubicamos correctamente en el contexto real y
actual en que nos hallamos, contexto en que la ultraderecha y el imperialismo,
a través del golpe del 92, han
impuesto la Constitución del
93 para, precisamente, aplicar
su plan neoliberal; en que los partidos políticos en el Parlamento y los gobiernos de turno
siguen gestando y aplicando políticas y
normas anti laborales; por tanto la
situación actual en nada nos garantiza
para que aprueben una ley tal como el
Magisterio Nacional lo necesita y lo demanda; simplemente, tras el argumento de
“nueva ley”, estaríamos jugando a favor de la destrucción de la Ley
del Profesorado N° 24029, objetivo que
tienen en mira los que manejan este Estado para, precisamente, seguir
aplicando mayor privatización y flexibilización laboral. Por ello
desechamos estas vanas ilusiones que
hacen daño y nos reafirmamos en luchar por defender y ampliar los derechos
establecidos en la Ley del Profesorado 24029; derogatoria de la 29062, 29510,
CAS, nombramiento e inclusión de los maestros contratados titulados en la Ley
del Profesorado N° 24029, y exigir la solución de nuestro Pliego de
Reclamos, donde se plantean nuestras
demandas urgentes.
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