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asta antes del 20 de junio del presente año el tema del
cumplimiento del pago del 30% por preparación de clases y otros beneficios
sociales de acuerdo a lo estipulado en la Ley del Profesorado 24029-25212 sólo
era materia de conversación, reclamos administrativos estériles y procesos
judiciales, de manera aislada en las diferentes regiones del país, que en la
mayoría de los casos se encuentran en las Salas de la Corte Superior de
Justicia para su dictamen final.
Pero no era sólo el exigir el pago inmediato de esta
bonificación la que los maestros de base estábamos enarbolando desde hace
cuatro años atrás, sino, implícitamente
junto a ello estuvimos y estamos defendiendo la vigencia de dicha Ley del
Profesorado y su Reglamento 019-90-ED. Rechazando de manera mayoritaria la
aplicación de la Ley 29062, conocida como
Ley de Carrera Pública Magisterial, promulgada el 2007. Es más, lo que
se exigía era la derogatoria de la 29062 y que sólo prevaleciera la Ley del
Profesorado, evitando así la presencia de dos leyes paralelas.
Hay que recordar que dos décadas atrás surgió el problema de los
pagos de bonificaciones de manera distorsionada con la dación del DS. 051-91,
emitido por la dictadura de Fujimori aplicándose de manera anticonstitucional
hasta el día de hoy, mediante el cual el término “sueldo total” fue cambiado por el de “sueldo
total permanente”, con lo cual se modificaba forma de sacar el porcentaje
correspondiente para el pago del 30% por preparación de clases y el pago de
otros beneficios sociales.
Han sido dos décadas donde ninguno de los que llegaron a ser
dirigentes del CEN SUTEP hasta el día de hoy fueron capaces de exigir el
cumplimiento de estos derechos, menos aún el de incluir estos reclamos en las
plataformas de lucha. Incluso, hay que lamentar que el Comité Nacional de
Reorientación y Reconstitución (CONARE) del SUTEP, en su primera etapa tampoco
incluyó el tema de la Ley del Profesorado entre los puntos a defender.
Recién a partir del 2009, cuando sale el primer dictamen
judicial favorable a una maestra en Arequipa, es cuando los SUTEs regionales y
sectores de Lima como el SUTE 14 y SUTE 17, orientados por el CONARE SUTEP,
comienzan a exigir vía administrativa, en primer lugar, y judicialmente luego el cumplimiento del
pago del 30% por preparación de clases de la remuneración total. A partir de
entonces, al interior del magisterio, se va motivando para que este reclamo sea
masivo y vinculado a la defensa de la Ley del Profesorado 24029-25212.
Es así que el CONARE del SUTEP impulsa las luchas por estos
derechos, teniendo resultados favorables de manera parcial al lograr que en
algunas regiones se emitan ordenanzas regionales reconociendo estos derechos
pero sin poder ejecutarlos por falta de presupuesto. De ahí que se ve la
necesidad de vertebrar un reclamo a nivel nacional, y luego de varios eventos a
nivel regional y nacional, el CONARE del SUTEP acuerda convocar a la huelga
nacional indefinida (HNI) a partir del 20 de junio con una plataforma de lucha
que prioriza el pago inmediato del 30% por preparación de clases, la vigencia
plena de la Ley del Profesorado y otros puntos más de interés propio de los
maestros.
Como era de esperarse el silenciamiento de los medios de
comunicación no se dejó esperar, pero a poco que la HNI cobraba fuerza con el
masivo acatamiento en más de 12 regiones del país, empezaron a tratar de
desprestigiarla con el trillado término de senderistas, subversivos, movadef,
etc. El pretexto, el que algunos
dirigentes están inscritos (sólo inscritos) en el movadef. El negro papel
jugado por René Ramirez y el CEN del SUTEP (patria roja=MNI=MAS) al convertirse
en enemigos de la HNI desarrollada por los SUTEs regionales será muy difícil de
olvidar por parte de los miles de maestros que de manera heroica estuvieron por
más de un mes pernoctando frente al ministerio de educación en condiciones
inhumanas.
Lo masivo que se convirtió la HNI hizo que se venciera algunas
resistencias de la burocracia estatal para la
apertura del diálogo, sin embargo una vez más comprobamos que a la
derecha y los grupos de poder que lo representan no les interesa cumplir con las
leyes si estas están a favor del trabajador. Buscan, en cambio, adecuarlas para
seguir explotando y oprimiendo al pueblo.
La llamada Ley de Desarrollo Docente, cambiada luego a Ley de Reforma Magisterial no es otra
cosa que aplicar con mayor “efectividad” el modelo neoliberal en el sector
educación, no es extraño, entonces que en la “interpelación” a Patricia Salas,
la mayoría de los congresistas respaldaran dicho proyecto, aún reconociendo los
justos reclamos de los maestros en huelga. Posiblemente esto último lo
mencionaban teniendo en cuenta que dicho debate estaba siendo transmitido en
todo el Perú en directo por el Canal 7.
Entonces, a esta primera etapa de lucha por el cumplimiento de
los derechos consignados en la Ley del Profesorado 24029 y que hoy son de
conocimiento nacional y que deben ser cumplidos por parte del estado, es
necesario complementarlo con una segunda en la que el Comité Nacional de
Lucha de los SUTEs Regionales debe
planificarlo de manera que se proceda a actuar de manera coordinada.
NOTA FINAL.- Recién me entero que el CEN SUTEP el pasado sábado
acordó “iniciar” una huelga, pero sin fecha de inicio, so pretexto de que dos
regiones no tienen pronunciamiento. No es de extrañar este proceder. A lo mejor
están esperando aún alguna concesión particular por parte de la ministra. Sólo
esperamos que en su propuesta no figure su LEY CONSENSUADA “24029 + 29062”, que
en el tema de estabilidad laboral sólo se diferencia del proyecto del gobierno
cuando dicen que el maestro al desaprobar tres evaluaciones consecutivas pasara
a ocupar un puesto administrativo.
Fuente: MI PALABRA / Felipe Torres
Andrade
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