Advierte al gobierno de radicalizar y apurar el reglamento de la CPM, pero al mismo tiempo advierte que el concurso para plazas docentes es ilegal.El Ministerio de Educación hizo muy bien en publicar el proyecto de reglamento para el concurso para nombrar 25.000 profesores para el 2008, porque eso le permitirá corregir una serie de errores.
1) El reglamento es ilegal, porque se basa en la Ley 28649 del gobierno de Toledo cuyo efecto ha caducado. Las disposiciones complementarias primera y 12 de la nueva ley 29062 de la Carrera Pública Magisterial de julio del 2007 dicen que los nuevos ingresos de profesores se regirán por esta nueva ley y que se derogarán todas las normas previas que se le opongan. Además colisiona con el artículo 12 porque aún no existe el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace).
2) El reglamento de este concurso establece dos etapas de evaluación. Una que pesa 60% del total y es eliminatoria, consistente en una prueba escrita de conocimientos y capacidades y otra psicológica (¿?) que el Ministerio de Educación tomará a nivel nacional, y la segunda que pesa 40%, que es selectiva y que cada institución educativa tomará a quienes postulen a ella.
Aquí hay dos problemas.
Primero, nuevamente se le da más peso en la evaluación de maestros a su desempeño en pruebas escritas tomadas centralmente por una empresa evaluadora contratada por el Ministerio de Educación, pese que la capacidad docente tiene un muy fuerte componente práctico y contextual.
Segundo, el peso que tiene la institución educativa para determinar qué profesor ingresará a ella solo llega al 14%, porque todo lo otro está dado por títulos, diplomas, certificaciones, publicaciones, etc. que no son indicadores confiables de su desempeño como docente en el aula. Esto significa que el 60% que evaluará el ministerio y el 26% de la papelería (sujeta como sabemos a enormes corrupciones y falsificaciones) prácticamente definirán al ganador, y la institución educativa nuevamente quedará pintada en la pared. ¿Esto es autonomía?
¿Descentralización?
3) En la evaluación casi universal de docentes de enero 2007 la amplia mayoría de los profesores evidenciaron insuficiente dominio de matemáticas básicas y comprensión lectora como para ejercer la docencia. Desde entonces no ha pasado nada que modifique esa situación por lo que probablemente en la nueva evaluación no lleguen a 25.000 los maestros aprobados. ¿Se relajarán las exigencias para llenar todos los cupos facilitando el nombrando de incompetentes? Sería muy peligroso para la educación peruana nombrar y dar estabilidad laboral perpetua a profesores que el propio ministerio de educación reconoce como incompetentes.
En mi opinión, el Ministerio de Educación debería limitarse a contratar docentes para cubrir las plazas disponibles hasta que se reglamente la nueva ley de la carrera pública magisterial y disponga además de los plazos suficientes para hacer una buena evaluación. Además, la evaluación nacional solo debería declarar apto o no apto a cada profesor que desea ejercer la docencia, dándole una especie de brevete que lo autorice a ejercer la docencia. De allí en adelante, cada colegio que tiene derecho a plazas debería sacarlas a concurso y escoger por sí mismo, con sus propios criterios, a cualquiera de los profesores aptos que existan en el mercado de profesores habilitados. Esto ayudará a los colegios a pulir sus criterios, de modo que una vez reglamentada la ley de carrera pública magisterial sepan escoger con todo cuidado a los profesores que cubrirán las plazas de manera permanente, ya que esa elección conllevaría a su estabilidad laboral perpetua.
Fuente: El Comercio.
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