García Pérez con bigotito hitleriano. Es el principal responsable de la dación del anticonstitucional Decreto Legislativo 982
Digamos que el asesinato de campesinos a manos de la policía no es noticia nueva en el Perú. Si quisiéramos comprobar la afirmación bastaría con revisar nuestra historia social y política durante el siglo veinte, la cual se encuentra llena de ejemplos de violencia estatal contra el campesinado. Por ello no llamó la atención, hace algunos días, el despliegue de brutalidad policial puesto de manifiesto durante el paro agrario. Como se sabe, las acciones de los uniformados incluyeron el asesinato a balazos de humildes campesinos que protestaban en contra de un gobierno que, por un lado, sirve los intereses de los agro-exportadores y, por el otro, se niega a escuchar las demandas de los hombres del campo. Por supuesto, el asesinato de peruanos pobres, trabajadores de la tierra, proporciona una clara indicación de las actores sociales a los cuales el régimen de García Pérez considera sus enemigos.
La matanza de seres humanos a quienes los apristas consideramos miembros del bloque de clases oprimidas por el imperialismo fue realizada por órdenes de las autoridades políticas del alanismo, quienes intentan autoeximirse de responsabilidad acudiendo al primitivo Decreto Legislativo 982, emitido por el Ejecutivo aprovechando las facultades legislativas de esa cojudez seudo-democrática llamada Congreso de la República. El mencionado Decreto, publicado en “El Peruano” el domingo 22 de julio de 2007, modificó el artículo 20 del Código Penal y creó la supuesta figura de la “inimputabilidad” penal para la soldadesca y cachaquería que hiera o asesine a peruanos.
Sin embargo, hay que recordar que García Pérez es un elemento cobarde para las protestas. El rechazo popular lo hace encerrarse en Palacio. Jamás tuvo actividad militante universitaria o sectoral en el APRA que lo preparara para momentos álgidos. Las protestas sociales producidas en el país en los últimos días le originan una violenta descomposición diarreica que lo obliga a ponerse a buen cubierto.Teniendo en cuenta ello, este traidor a los principios del Aprismo debería ser el primero en revisar la bestialidad legal que escribió hace siete meses. Debe hacerlo por su propio bien, no vaya a ser que por allí, cualquier día de estos, se levante algún uniformado, más fascista que él, que “en cumplimiento de su deber” proceda a cambiar el régimen usando su arma de reglamento. La consecuencia de esta absurdo legal sería que tendríamos un Porky Pig menos en circulación, que terminaría como el cuchillero Pedro Navaja de la canción de Rubén Blades. En vez de cantar “El rey”, finalizaría su actuación entonando el conocido estribillo “La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ¡ay Dios!…”
Dispositivos legales como el Decreto Legislativo 982 constituyen una abierta violación a los derechos humanos y civiles de los peruanos (incluyendo los del ropero presidencial). Sólo son entendibles en un país en el que un traidor al APRA, desde Palacio de Gobierno, y con el total apoyo de la derecha y el imperio, mantiene insolentemente en vigencia el fujimorismo político y económico.
Fuente: César Vásquez.
No hay comentarios:
Publicar un comentario