La lucha contra la criminalización de los movimientos sociales y la imposición del modelo económico neoliberal ganó, hoy (24), la adhesión de los movimientos y organizaciones de jóvenes peruanos. En nota, ellos anunciaron la adhesión al paro nacional anunciado para el próximo día 9 de julio.
En la nota, los jóvenes critican al presidente Alan García, que prometió un cambio responsable, pero que en realidad, profundizó el modelo político-económico opresor. Ahora, Perú entrega a manos extranjeras no sólo empresas de infraestructura, sino también la tierra, la selva, los hidrocarburos y todos los recursos naturales, además de la educación.
El aumento del costo de vida de la población es una muestra de cómo la renuncia a una política económica soberana, con la protección de los productores locales y la utilización de los recursos a favor del pueblo, puso al país en una situación vulnerable frente a la inestabilidad del mercado internacional.
Los jóvenes piden que el Decreto Ley 1015, que privatiza los recursos naturales y la tierra, con el permiso de venta de tierras campesinas e indígenas a inversores privados sea anulado y que el proyecto de ley 840, que permitiría vender áreas de la Amazonia para la explotación forestal, no sea aprobado.
Para los jóvenes la municipalización de la educación escolar, por experiencia de países vecinos, es una forma de llegar a la privatización de la enseñanza, que también es buscado con la intención del gobierno de eliminar la gratuidad de la enseñanza superior. Rechazan además el despido masivo de trabajadores sindicalizados.
Ante el incumplimiento de las promesas de García, diversos sectores comenzaron a levantar su voz y a organizarse. La respuesta del gobierno fue una sola: represión. Los jóvenes repudian la criminalización de la protesta, de las organizaciones y de las ideas, y se solidarizan con todos aquellos que están sufriendo por la violación de los derechos humanos más elementales.
"Reclamamos la libertad de todos aquellos detenidos por sus ideas, y exigimos el fin de la hostilización, del amedrentamiento, de la violencia y de las detenciones arbitrarias contra cientos de dirigentes y activistas por todo el país". En ese sentido, se denuncia la apertura de procesos contra líderes sociales en todo el país -son 35 los procesados por "terrorismo" solamente en Piura.
Fuente: adital.com.br
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