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El Apra controla ya el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, el Tribunal Constitucional, la Comisión de Fiscalización del Congreso (a través de un grupo subordinado). Ahora busca adueñarse de la Contraloría General de la República.
Precisamente para impedir el abuso se ideó en Inglaterra la división de poderes.
Eso explica por qué Víctor Raúl Haya de la Torre reiteraba en la etapa final de su vida que el Parlamento es el primer poder del Estado.
Cuánta distancia hay entre el afán totalitario de García y lo que Haya proclamaba en 1924, en carta dirigida a la revista Claridad:
“El pueblo no debe olvidar que a la sombra de nuestras banderas de cruzada no hay presupuestos, ni diputaciones, ni negociados; hay un noble agitarse de conciencias que se enfrentan a las sombras y que tienen el estremecimiento heroico de salvar abismos”.
El país ha contemplado en estos días no sólo la componenda aprofujimorista para elegir al presidente del Congreso, sino también la repartija sin principios de comisiones parlamentarias. El punto neurálgico ha sido la entrega de la Comisión de Fiscalización a Unión por el Perú, grupo cuyo estigma es la deslealtad guiada por la prebenda, o preventa.
A partir del primer gobierno de García, el Apra se ha consagrado en la historia del Perú como un partido corrupto. Sólo una organización que persiste en esa línea puede tener tanto interés en manejar todos los instrumentos de fiscalización.
El miedo de García a la independencia y separación de poderes tiene más de un móvil. Contraloría, cuyo titular cesa en octubre, tiene entre sus funciones el practicar la auditoría de la cuenta general de la República; supervisar la legalidad de la ejecución del Presupuesto, de las operaciones de la deuda pública y los actos de diversas instituciones del Estado; y ejercer control para que los fondos destinados a satisfacer los requerimientos logísticos de las Fuerzas Armadas y la Policía se usen para ese fin.
Esto resulta irónico, cuando la Sexta Fiscalía Anticorrupción acaba de abrir investigación contra el director general de la Policía, general Octavio Salazar, por haber puesto al servicio de su esposa un vehículo del comando policial.
El general Salazar es el brazo derecho de Luis Alva, ministro del Interior, una dependencia que pide a gritos fiscalización.
El año pasado, el Apra armó un escándalo a raíz de que se descubrió que la esposa del Contralor, Genaro Matute, tenía a su servicio personal un Toyota de la Contraloría. ¿Qué dirán ahora los compañeros de García y Alva frente al caso Salazar?.
La corrupción avanza en el Perú, pero su vanguardia y su modelo están, como siempre, más que siempre, en las más altas esferas del poder.
Fuente: César Lévano/Director de la Primera.
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