REFERÉRENDUM NO, CONSTITUYENTE SÍ

La discusión sobre el voto voluntario y la renovación del Congreso planteada por iniciativa oficialista y mandada al archivo por los demás partidos, ha dado origen a su vez a una proclama de Alan García anunciando que tomará la cabeza de un trabajo de firmas para un referéndum de consulta a los peruanos sobre estas dos reformas. De paso ha acusado a los otros de ser resistentes al cambio y de querer perpetuar un Congreso bizarro como el que hoy existe, cuyo origen sería la poca educación de los votantes y la imposibilidad de deshacerse de los malos representantes a mitad de período.

Anteriormente el APRA perdió en otro intento, esa vez con la propuesta de regresar al sistema bicameral y la elección de un senado como instancia revisora, pero no se le ocurrió ir a ninguna votación porque sabía que su causa era antipática porque la gente no quiere nada que aumente la cantidad de congresistas. En cambio las nuevas iniciativas parecen más factibles de prender en un mayor número de personas y quién sabe si disfrazar de reformista al que podría fácilmente concursar como el gobierno más conservador e inmovilista de nuestra historia.

El hecho es, sin embargo, que más allá de demagogias y oportunismos, el tema que el APRA ha puesto sobre el tapete es el del sistema político y lo ha hecho dentro de la lógica que obsesiona a los partidos tradicionales: cómo reducir el voto popular independiente, de comportamiento impredecible, que ha venido permitiendo la emergencia de liderazgos y organizaciones políticas nuevas, achicando el espacio a las viejas organizaciones. El voto voluntario ha sido vendido como eso, una manera de comprimir el universo de ciudadanos que decidirán el nuevo gobierno, restringiéndolo supuestamente a la gente que “sí le interesa la política”, que sería más controlable por los partidos. La cuestión de la renovación del Congreso a mitad de período, por su parte, busca el blanco fácil, porque en las circunstancias actuales, el país votaría que sí, en caso la consulta fuera la de cerrar el legislativo, acusado de todos los males. Claro que como han advertido varios analistas, detrás de este cambio está la idea de una correlación de Congreso modificada en el 2014, en camino a un regreso de García el 2016. En fin todos tienen derecho a los sueños.

Lo que hay que decir es que la reforma aprista es casi nada respecto a lo que habría que modificar del sistema existente, y sobre todo es unilateral porque escoge de acuerdo a su conveniencia lo que hay que consultar, dejando al país fuera de la posibilidad de incorporar otros temas. Pero lanzada la propuesta al ruedo, hay dos formas de encarar el problema. La primera es la que se ha planteado en el Congreso y lideran el PPC y el fujimorismo, que dicen que habiéndose determinado el archivamiento, el caso está cerrado y no habrá ninguna reforma. Son los sectores políticos que defienden con mayor ardor y a fardo cerrado el contenido de la Constitución fujimorista de 1993. La segunda, es la que deberían liderar con mucha mayor fuerza de la que han ido mostrando, todos aquellos que sostienen que el Perú sólo puede reformar los sistemas políticos y económicos de una manera democrática y transparente a través de una Asamblea Constituyente, elegida por el pueblo, y a partir de una discusión sobre todos los temas en la que se establezca la verdadera voluntad popular.

El juego político del APRA, no puede ser desenmascarado recurriendo precisamente al recurso más desprestigiado del parlamentarismo que es el de dar por cerrada la discusión por pura componenda de partidos. Para poder detener el referéndum tramposo de Alan García hay que ofrecer una propuesta de cambio mucho más radical y más democrática, que debería traducirse en un compromiso del próximo gobierno de convocar a una Asamblea Constituyente que elabore una nueva Constitución.

El fundamento de esta alternativa es claro:

1. El documento que hoy invocamos como Constitución del Estado, tiene su origen en un golpe de Estado, que no fue salvado por el acuerdo político para salvar la crisis que hicieron algunos partidos y el gobierno de facto.
   
2. El referéndum que dio por aprobado el documento tuvo el voto en contra de la mayoría de los partidos que están representados en el actual sistema políticos, los que en su momento denunciaron que hubo fraude en el recuento de los votos.
   
3. La Constitución de 1993 ha sido vulnerada y manipulada en forma sistemática, por el gobierno de Fujimori (por ejemplo con la “interpretación auténtica” para la re-reelección) y por los gobiernos posteriores.


4. La Comisión Pease durante el gobierno de Toledo intentó un cambio de la Constitución de Fujimori, dentro de ella misma, fracasando en el intento. Igualmente la reforma que propone el APRA utiliza la vía del referéndum, generando una falsa polarización nacional.
   
5. Aunque la Constitución de 1993, no hable de su sustitución a través de una Asamblea Constituyente, ese fue el origen del documento y de la Constitución de 1979. Por tanto es lógico que se apele a un organismo equivalente para un cambio de esta magnitud.

El Perú efectivamente reclama abolir las trabas formalmente “constitucionales” que se levantan para la defensa de los recursos naturales, para la creación y actuación de empresas públicas, para la revisión de los contratos corruptos, para la revocatoria de todas las autoridades que traicionan al pueblo, para el control y sanción de la corrupción, por sólo mencionar algunas de las claves del debate constituyente. ¿Por qué hay tanto escándalo cuando se reclama el derecho democrático a reconstituir el país?, ¿hasta dónde es real el espíritu reformador del APRA?, ¿cuánta democracia seremos capaces de abrir en el Perú de los siguiente años?

Fuente: por Raúl Weiner