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l presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), Arturo Woodman, rechazó la denuncia de una escandalosa sobrevaluación en las obras de remodelación del Estadio Nacional y aseguró que la diferencia entre lo proyectado y lo gastado se basa en una “reestructuración” de las construcciones, que incluyen el estacionamiento, y del número de palcos a construirse.
“En el precio inicial no estaba el estacionamiento que tenía que hacerse y mucho menos el número de palcos por construirse, pues se han aumentado a 380. Pero lo invertido se va recuperar en gran parte”, respondió cuando se le preguntó por la denuncia de LA PRIMERA.
Woodman intentó así justificar la súbita elevación de los costos de la remodelación, que pasaron de los 20 a 115 millones, sin que los órganos de control del Estado hayan dicho su palabra. Sin embargo, la Resolución 069-2010-P/IPD, del 26 de febrero de 2010, que aprobó la modificación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del IPD, dice que: “…el gerente de Proyecto de Modernización del Estadio Nacional, solicita la inclusión en el PAC 2010 de la Obra ‘Rehabilitación, Remodelación y Equipamiento de la infraestructura del Estadio Nacional de Lima – Estacionamientos Subterráneos en la Explanada Sur del Estadio Nacional’, por S/. 20’033,921.00, y de la Supervisión de la misma por S/. 801,357; para lo cual corresponde realizar una licitación pública y un concurso público…”.
La mano de Palacio
Es decir que el estacionamiento y los palcos sí estaban incluidos. Y también la licitación y el concurso, pero gracias a una “fe de erratas” del decreto de urgencia 004 de 2009 firmada por el presidente Alan García y su ministro favorito José Antonio Chang, se excluyó a las obras del proceso de control y se nombró a dedo a los constructores y supervisores de la obra, como lo denunció el congresista Pedro Santos.
Pero esa no fue la única ocurrencia, pues el decreto de urgencia 004 estaba destinado a darle viabilidad al Programa Nacional de Recuperación de las Instituciones Educativas Públicas Emblemáticas y Centenarias, pero por decisión de Palacio se consideró, por excepción, al llamado “Coloso de José Díaz”.
Para ello, se argumentó un supuesto informe del Instituto Nacional de Defensa Civil a favor de la rehabilitación, la remodelación y el equipamiento de la infraestructura. Sin embargo, Pedro Santos recordó que el año 2004, con ocasión de la Copa América, el estadio había sido objeto de una serie de refacciones.
Lo cierto es que el presupuesto, libre de controles, gracias a los decretos de urgencia 010 y 011, se elevó sustancialmente. De acuerdo a últimos informes presentados por el IPD a la Comisión de Educación del Congreso, los gastos se elevarían a la astronómica suma de 162 millones de soles.
El congresista Santos afirma que, de acuerdo a los especialistas, una obra puede exceder su costo en un 5 o 10%, pero no más. Y que, en ese caso, le corresponde dar una opinión a la Contraloría de la República y al Ministerio de Economía, si la cifra sobrepasa el 15%. Que se sepa, no existen esos informes.
Obras privadas
“Estas obras se hacen como si fueran privadas, hacen lo que les da la gana. Están violando las normas y procedimientos de inversión pública, se confunde una obra privada con una obra pública”, comentó Santos.
El congresista no dudó en culpar al presidente Alan García, al ministro José Antonio Chang y al jefe del IPD, de lo que calificó como “un robo más grande que el Estadio Nacional, pues ellos firmaron los decretos de urgencia y la fe de erratas que permitieron este desembolso descomunal.
Por estas razones, reclamó un pronunciamiento de los órganos de control del Estado y del Congreso para poner freno a estas irregularidades y sancionar a los responsables. Y dijo que Woodman y Chang deben presentarse ante el Congreso para dar las explicaciones del caso.
Fuente: La primera
“En el precio inicial no estaba el estacionamiento que tenía que hacerse y mucho menos el número de palcos por construirse, pues se han aumentado a 380. Pero lo invertido se va recuperar en gran parte”, respondió cuando se le preguntó por la denuncia de LA PRIMERA.
Woodman intentó así justificar la súbita elevación de los costos de la remodelación, que pasaron de los 20 a 115 millones, sin que los órganos de control del Estado hayan dicho su palabra. Sin embargo, la Resolución 069-2010-P/IPD, del 26 de febrero de 2010, que aprobó la modificación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del IPD, dice que: “…el gerente de Proyecto de Modernización del Estadio Nacional, solicita la inclusión en el PAC 2010 de la Obra ‘Rehabilitación, Remodelación y Equipamiento de la infraestructura del Estadio Nacional de Lima – Estacionamientos Subterráneos en la Explanada Sur del Estadio Nacional’, por S/. 20’033,921.00, y de la Supervisión de la misma por S/. 801,357; para lo cual corresponde realizar una licitación pública y un concurso público…”.
La mano de Palacio
Es decir que el estacionamiento y los palcos sí estaban incluidos. Y también la licitación y el concurso, pero gracias a una “fe de erratas” del decreto de urgencia 004 de 2009 firmada por el presidente Alan García y su ministro favorito José Antonio Chang, se excluyó a las obras del proceso de control y se nombró a dedo a los constructores y supervisores de la obra, como lo denunció el congresista Pedro Santos.
Pero esa no fue la única ocurrencia, pues el decreto de urgencia 004 estaba destinado a darle viabilidad al Programa Nacional de Recuperación de las Instituciones Educativas Públicas Emblemáticas y Centenarias, pero por decisión de Palacio se consideró, por excepción, al llamado “Coloso de José Díaz”.
Para ello, se argumentó un supuesto informe del Instituto Nacional de Defensa Civil a favor de la rehabilitación, la remodelación y el equipamiento de la infraestructura. Sin embargo, Pedro Santos recordó que el año 2004, con ocasión de la Copa América, el estadio había sido objeto de una serie de refacciones.
Lo cierto es que el presupuesto, libre de controles, gracias a los decretos de urgencia 010 y 011, se elevó sustancialmente. De acuerdo a últimos informes presentados por el IPD a la Comisión de Educación del Congreso, los gastos se elevarían a la astronómica suma de 162 millones de soles.
El congresista Santos afirma que, de acuerdo a los especialistas, una obra puede exceder su costo en un 5 o 10%, pero no más. Y que, en ese caso, le corresponde dar una opinión a la Contraloría de la República y al Ministerio de Economía, si la cifra sobrepasa el 15%. Que se sepa, no existen esos informes.
Obras privadas
“Estas obras se hacen como si fueran privadas, hacen lo que les da la gana. Están violando las normas y procedimientos de inversión pública, se confunde una obra privada con una obra pública”, comentó Santos.
El congresista no dudó en culpar al presidente Alan García, al ministro José Antonio Chang y al jefe del IPD, de lo que calificó como “un robo más grande que el Estadio Nacional, pues ellos firmaron los decretos de urgencia y la fe de erratas que permitieron este desembolso descomunal.
Por estas razones, reclamó un pronunciamiento de los órganos de control del Estado y del Congreso para poner freno a estas irregularidades y sancionar a los responsables. Y dijo que Woodman y Chang deben presentarse ante el Congreso para dar las explicaciones del caso.
Fuente: La primera
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