
El Parlamento Europeo decidió, por votación, no incluir en la lista de organizaciones terroristas al MRTA. Tampoco lo ha estado en la de EEUU, aunque suene increíble. El gobierno de Alan García ordenó a su Embajador Valdez (servil ex viceministro de RREE con Fujimori) operar en este sentido en Bruselas, pero, con Embajada y todo, fracasó. El eurodiputado Salafranca –promotor de la moción- declara ahora no haber estado adecuadamente informado de lo que impulsaba. García quiere responsabilizar de ello a APRODEH y a Francisco Soberon, un incansable activista de los derechos humanos que ha encabezado las más importantes denuncias de violaciones a los DDHH en las ultimas décadas, enfrentando la militarización del país y las bandas paramilitares articuladas desde el Estado, así como condenando –sin tapujos- las acciones terroristas de SL y del MRTA. ¿Qué ha hecho que ahora lo quieren investigar los Souza (abogado de Fujimori) y Giampietri (jefe operativo de la matanza de El Frontón) desde el Congreso? ¿Por qué barbaridad retiran del Consejo Nacional de DDHH del Estado a la Coordinadora de ONG de DDHH, al CEAS, la Defensoría y el Concilio Evangélico? ¿Por qué le pide cuentas sobre supuestos gastos dinerarios a Soberon, Agustín Haya, tránsfuga de Izquierda Unida, hoy empleado de García a cargo de APCI, que conoce su integridad moral, personalmente, hace varias décadas?Soberón –ex vicepresidente de la FIDH- respondió la consulta de europarlamentarios, verdes y de la izquierda europea, sobre la pretensión del gobierno de García de que el Parlamento Europeo incluya al MRTA en la lista de organizaciones terroristas. Les dijo que, aunque ha condenado los actos terroristas del MRTA hace años, esta organización no opera y es prácticamente inexistente. Ajeno al pacto infame de hablar a media voz, Soberon les explica la intensa campaña, del Gobierno de García, de criminalizar la protesta social y perseguir a quienes –con razón- reclaman justicia social y equidad a quien gobierna para los más ricos, permite un brutal alza del costo de vida para los más pobres y responde con plomo la demanda de pan de amplias mayorías, como lo revelan los muertos en las huelgas mineras y el Paro Nacional Agrario.
Soberón, que no canjea la verdad por un puesto público bien pagado, advierte que el gobierno monta las condiciones y ejecuta un plan de criminalizar los movimientos sociales populares y reprimirlos, como lo muestran las leyes que para someter a las ONG criticas a su política o defensoras del medio ambiente; para dar no menos de 4 años de cárcel a quien bloquee el tránsito (sin daños materiales ni personales) en el transcurso de una huelga o protesta; para otorgar impunidad a quienes disparen sobre manifestantes (como en el caso de los campesinos asesinados con tiros en la cabeza en Ayacucho). Soberon devela la verdadera motivación del lobby y la campaña apro-fujimorista en Bruselas. Y lo hace a través una simple carta a quienes le preguntan, sin aspaviento alguno, ni plan preconcebido. Y la maniobra que pretendían imponer en Bruselas, no tiene éxito.
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