La resolución del Tribunal Constitucional a favor de la empresa LAP, que maneja el aeropuerto internacional “Jorge Chávez”, y contra el periodista Raúl Wiener, que denunció trampas y peligros en la concesión que LAP disfruta, es un grave atentado contra la libertad de expresión y una amenaza contra el periodismo en general, en particular el de investigación.La resolución anula dos sentencias judiciales que amparaban la libertad de opinión e información de Wiener.
Esa sorpresa desagradable se duplica con otra: los autores de esa decisión son los que no parecían compartir la arremetida antidemocrática del régimen. Ellos son César Landa Arroyo, quien incluso es el autor del alambicado fallo. Los otros dos autores son Ricardo Beaumont y Gerardo Eto. En la resolución no se alude para nada a la denuncia del libro de Wiener. Se olvida el principio jurídico de exceptio veritatis, que proclama que, demostrada la verdad, no cabe condena. El fallo omite que, más allá del bien privado, está el bien común.
El doctor Landa se apoya en el inciso 7 del artículo 2 de la Constitución, que dice: “toda persona tiene derecho al honor y la buena reputación, a la intimidad personal y familiar así como a la voz y la imagen propia.” ¿No será, doctor Landa, que la mala reputación y la pésima imagen las ha ganado la empresa con sus métodos?
El doctor Landa se pregunta: “¿Cómo así una persona jurídica como la demandante puede tener derecho al honor?”. Y se responde: “El honor, como concepto jurídico, también es aplicable a las personas jurídicas. Si su capacidad para interactuar en la sociedad se ve mellada, debe originarse la defensa del honor.”
¿Qué sucede en el caso de que el honor ha sido mellado por la propia empresa, a través de acciones que atentan contra el interés público?
Se diría que para algunos magistrados la ley y los principios jurídicos no están contaminados por la verdad y la realidad. La resolución del Tribunal Constitucional no sólo es grave en sí. Marca un hito histórico en las medidas represivas contra la libertad de prensa y expresión. Durante toda la historia republicana, disposiciones destinadas a coartar la libertad del periodismo emanaban del Poder Ejecutivo. En contados casos –como el de Ley de Imprenta aprobada por el Apra en 1947– provenían del Congreso.
Ahora resulta que el Tribunal Constitucional pone en manos de quienes sean denunciados, con pruebas, un instrumento para obstruir el periodismo de investigación, convertir al acusador en acusado y garantizar la impunidad de quienes atentan contra los derechos de los ciudadanos y del país.
Este es un atentado no sólo contra Raúl Wiener, jefe de nuestra Unidad de Investigación. Implica una amenaza contra todo el periodismo. No debemos cruzarnos de brazos.
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