Cada día crece el descontento por el manejo oficial del gas de Camisea. El rechazo se debe no sólo a que se privilegia la exportación sin atender la demanda interna, sino también al precio ridículo con que se vende al exterior.
Ambas actitudes gubernamentales hacen presumir actos de corrupción, puesto que gracias a ellas el Perú va a perder miles de millones de dólares, sumas que van a beneficiar a la compañía Repsol. Sólo una coima gigantesca puede explicar tal desmesura.
Es por eso justo el reclamo de que renuncien los principales culpables de esa política, el presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez Quesquén, y el ministro de energía y Minas, Pedro Sánchez. Ambos responden sin duda al interés y los intereses del insaciable presidente de la República. Sospecho, igual que la mayoría del país, que a este tipo de políticos deberíamos librarlos del calificativo de imbéciles. Nada de eso. Saben perfectamente lo que hacen; mejor dicho, lo que les mandan hacer. Son, en todo caso, cínicos conscientes.
Velásquez es un caso ejemplar. Acaba de declararse contra cualquier limitación en el tamaño de la propiedad agraria. Alega que en otras épocas se podía establecer topes; pero ahora, en la era de la globalización, se necesitan áreas mayores para ser competitivos.
Esto me hace recordar que hace medio siglo, cuando se discutía el caso La Brea y Pariñas y la política energética, el APRA afirmaba que la energía atómica iba a sustituir al petróleo, motivo por el cual debíamos casi regalar el oro negro. El sofisma consta en actas parlamentarias y discursos públicos.
Lo cierto es que la política gasífera del régimen acarrea engaño y fracaso. Las industrias carecen del combustible, el consumo doméstico apenas abarca, dice el régimen, 30 mil hogares (otras cifras hablan de 20 mil), los transportistas padecen la escasez.
Alguien ha dicho que la estupidez no está reñida con la ignorancia. En el caso del agro, el premier no se ha preocupado de averiguar cómo se vuelven “competitivos” los agricultores de Estados Unidos y Europa Occidental. Lo hacen mediante subsidios masivos del Estado, sobre todo en haciendas enormes, pero también en propiedades medianas y en reducidos pegujales. Irlanda es en esto un ejemplo clamoroso.
En todo el mundo desarrollado, el Estado desempeña un papel promotor, protector y orientador del agro. En Francia, por ejemplo, los organismos estatales señalan volúmenes para la producción de tal o cual producto, y los prorratean entre productores individuales o cooperativas. En Estados Unidos, el agricultor puede acudir a servicios agronómicos públicos que incluyen intervención sanitaria, servicios que no son gratuitos, pero tampoco prohibitivos.
Los discursos del poder sobre el gas y sobre el agro son indolentemente gaseosos.
Fuente: César Lévano.
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